thumb|Retrato de FernandoVII del pintor Vicente López realizado en 1828 por encargo del Banco de San Carlos. Así lo describe el historiador Emilio La Parra López: «Vestido de capitán general, con todas las condecoraciones importantes y el cetro en la mano derecha, el rey está sentado, postura poco habitual en la historia española de los retratos reales, con la mano izquierda posada sobre unos libros colocados en una mesa. En el tejuelo de uno de ellos se lee: 'R. CÉDULA DEL BANCO DE S. FERNANDO'. La obesidad y las acusadas entradas en el cabello son bien manifiestas. Este lienzo, ha dicho J.L. Díez, ofrece 'sin duda la imagen más sincera del abotargado monarca en su edad madura'. Es también la del rey reformista, preocupado por impulsar la economía del reino».
Se denomina Década Ominosa o segunda restauración del absolutismo (1823-1833) al periodo de la historia contemporánea de España, que corresponde a la última fase del reinado de Fernando VII de España (1814-1833), tras el Trienio Liberal (1820-1823), en el que rigió la Constitución de Cádiz promulgada en 1812. Algunos historiadores, como Josep Fontana, prefieren la segunda denominación porque extienden el periodo más allá de la muerte de FernandoVII, hasta el fin del sistema absolutista, prolongándolo hasta 1834. Ángel Bahamonde y Jesús A. Martínez comparten esta idea de incluir la «transición pactada que se consolida en 1834» y que constituiría la «última fase» del periodo.
El término Década Ominosa —es decir, abominable— fue acuñado por los liberales que sufrieron la represión y el exilio durante esos diez años. El escritor progresista Benito Pérez Galdós tituló uno de sus Episodios Nacionales El terror de 1824 y un autor tan conservador como Marcelino Menéndez Pelayo calificó esta última etapa del reinado de FernandoVII de «absolutismo feroz, degradante y sombrío». El hispanista francés Jean-Philippe Luis ha matizado esta visión del periodo: «Por una parte, la década ominosa no se reduce al fin de un mundo sino que participa en la construcción del Estado y de la sociedad liberal. Por otra parte, el régimen es al mismo tiempo tiránico y voluntaria o involuntariamente reformador». Esto último constituye lo que Luis llama «la otra cara de la década ominosa». «Desde muchos puntos de vista, se asiste en el curso de estos cinco años a una tentativa de renovación institucional del régimen llevada a cabo por un equipo ministerial muy estable si se le compara con el de la primera restauración: tres ministros de seis permanecen nueve años en funciones».
Juan Francisco Fuentes ha señalado que «la historia política de aquellos años estaría muy condicionada por el estrecho margen de maniobra que le quedaba a la Monarquía fernandina, aprisionada entre las llamadas al pragmatismo y a la moderación que le llegaban de Europa y las exigencias de los más intransigentes de imponer un absolutismo sin concesiones ni miramientos». Esto último es lo que, según Josep Fontana, le confiere a la segunda restauración del absolutismo un carácter distinto respecto de la primera de 1814-1820, «que no tenía enemigos más que del lado del liberalismo». En efecto, en la segunda los gobernantes se vieron «obligados a marchar por una peligrosa vía media, entre la amenaza de unos liberales que pretendían reponer la constitución mediante movimientos revolucionarios» y la de los «ultras» o «apostólicos» «que se oponían a cualquier cambio, por limitado que fuese, porque temían que pudiese significar una etapa de transición que acabase con los valores y privilegios que defendían». Por su parte Jean-Philippe Luis ha destacado las diferencias del punto de partida de las dos restauraciones: «En 1814, para la mayoría, se trataba de cerrar un paréntesis terrible, mientras que en 1823 se imponen dos evidencias a los más lúcidos. Por un lado, que la crisis política era duradera, ya que la monarquía tradicional no se adaptaba a los cambios económicos, sociales e intelectuales que estaban teniendo lugar. Por otro lado, la pérdida del Imperio americano se imponía en adelante como una realidad ineluctable con la consecuencia de un empobrecimiento brutal y crónico del país y del Estado».
Antecedentes
El 7 de abril de 1823 comenzó la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, ejército francés comandado por Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema. Durante mucho tiempo, la historiografía española consideró que la intervención en España fue decidida en el Congreso de Verona y se hizo en nombre de la Santa Alianza. En contra de esta tesis, el archivero estadounidense T. R. Schellenberg sostuvo, en 1935, que el «Tratado secreto de Verona» era una falsificación periodística británica para tratar de implicar a la Santa Alianza en la invasión francesa.Schellenberg, T. R., «The Secret Treaty of Verona: A Newspaper Forgery.» The Journal of Modern History, Vol. 7, No. 3 (Sep. 1935), pp. 280-291. En 2011, la historiadora española Rosario de la Torre volvió a insistir en la inexistencia del tratado secreto, como ya habían hecho otros historiadores extranjeros.
La decisión de la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis la tomó el rey Luis XVIII y su gobierno con el objetivo de reafirmar la posición del restaurado Reino de Francia en el seno de la Quíntuple Alianza (la Cuádruple Alianza, a la que se había sumado Francia en 1818). La intervención contó con la aprobación de las tres potencias de la Santa Alianza (Imperio ruso, Imperio austríaco y Reino de Prusia), mediante un procès-verbal que estipulaba un posible apoyo militar bajo condiciones muy específicas, que al no cumplirse, finalmente no se produjo. El cuarto miembro de la Cuádruple Alianza, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, que inicialmente se oponía a la intervención en España, puso tres condiciones para permanecer neutral: «(1) que las tropas francesas salieran de España tan pronto como alcanzasen sus objetivos; (2) que Francia se abstuviera de cualquier interferencia en los asuntos internos de Portugal, algo que Gran Bretaña había prometido defender; y (3) que Francia no hiciera ningún intento de ayudar a España a recuperar su imperio colonial en América». El gobierno francés aceptó las tres condiciones (aunque no cumpliría la primera) y una semana después de recibida la nota británica, inició la invasión de España. De esta forma, la intervención francesa se habría producido en función de sus propios intereses internos, con el único apoyo de la aceptación de un hecho visto como inevitable.
Cuando el 23 de mayo el duque de Angulema entró en Madrid convocó a los consejos de Castilla y de Indias para que designaran una Regencia. El gobierno español y las Cortes habían abandonado la capital el 20 de marzo llevando consigo al rey y a la familia real, en contra de su voluntad, y se encontraban entonces en Sevilla, que dejarían el 15 de junio para establecerse finalmente en Cádiz.
Los consejos se limitaron a dar cinco nombres sin asumir la responsabilidad del nombramiento, que correspondió al duque de Angulema, lo que no dejó de alarmar a las cancillerías europeas por las atribuciones que se arrogaban los franceses. Los escogidos fueron el duque del Infantado (que actuaría como presidente), el duque de Montemart, el obispo de Osma, el barón de Eroles y Antonio Gómez Calderón —estos dos últimos ya habían formado parte de la Junta Provisional de Oyárzun—. Angulema lo justificó en una proclama que decía: «Ha llegado el momento de establecer de un modo solemne y estable la regencia que debe encargarse de administrar el país, de organizar el ejército, y ponerse de acuerdo conmigo sobre los medios de llevar a cabo la grande obra de libertar a vuestro rey».
La Regencia nombró a su vez un gobierno absolutista encabezado por el canónigo y antiguo confesor del rey, Víctor Damián Sáez, en la secretaría del Despacho de Estado, y con Juan Bautista Erro como secretario del Despacho de Hacienda, cuya gestión fue «nefasta», según Josep Fontana (a finales de octubre de 1823 el embajador francés comunicaba a París: «España se encuentra en la más absoluta miseria»). El resto de miembros del Gobierno, «integrado por algunos de los más señalados reaccionarios del momento», eran José García de la Torre, en Gracia y Justicia; José San Juan, en Guerra; Luis de Salazar, en Marina; y José Aznárez, en Gobernación. En su primera proclama el Gobierno llamó a «perseguir» a los enemigos.
La segunda restauración de la monarquía absoluta thumb|Cuadro de José Aparicio que representa el desembarco de Fernando VII en El Puerto de Santa María tras haber sido «liberado» de su «cautiverio» en Cádiz. Es recibido por el duque de Angulema, comandante de los Cien Mil Hijos de San Luis, y por el duque del Infantado, presidente de la Regencia absolutista nombrada por los franceses. El 30 de septiembre de 1823, tras cerca de cuatro meses de asedio francés de la ciudad de Cádiz, el gobierno liberal encabezado por el exaltado José María Calatrava decidió, con la aprobación de las Cortes, dejar marchar al rey FernandoVII que se reunió con el duque de Angulema —y con el duque del Infantado, presidente de la Regencia absolutista— al día siguiente, 1 de octubre, en el Puerto de Santa María, al otro lado de la bahía de Cádiz que el rey y la familia real atravesaron a bordo de una falúa engalanada. Buena parte de los liberales que se encontraban en la capital gaditana huyeron a Inglaterra vía Gibraltar, anticipando que el rey incumpliría su promesa, hecha poco antes de ser «liberado», de «llevar y hacer llevar a efecto un olvido general, completo y absoluto de todo lo pasado, sin escepción [sic] alguna».
En cuanto FernandoVII se vio libre se retractó de las promesas que había hecho y apenas desembarcado en el Puerto de Santa María, desoyendo el consejo de Angulema de «extender la amnistía lo más posible» y de que «convenía no volver a caer en una situación que llevase a que volviesen a ocurrir sucesos como los de 1820» (FernandoVII se limitó a contestar: «¡Viva el rey absoluto!»), promulgó un decreto en el que derogaba toda la legislación del Trienio Liberal (con lo que tampoco cumplió la promesa que le había hecho al rey de Francia y al zar de Rusia de que no iba a «volver a reynar baxo del régimen que llaman absoluto»):
Más tarde FernandoVII escribió lo siguiente, recordando el día 1 de octubre en que llegó al Puerto de Santa María:
Represión y exilio «La restauración de FernandoVII como rey absoluto abría un tiempo nuevo de contrarrevolución ciega y vengativa, que llevó a los liberales al exilio o a prisión, y que hizo temer lo peor, incluso a sus aliados, que tuvieron que dejar una parte importante de sus tropas en el país para ayudar a la monarquía a controlar la inestable situación derivada de una restauración sin concesiones». La represión La represión fue mayor que en 1814, cuando se produjo la primera restauración de la monarquía absoluta, entre otras razones porque había muchos más liberales en 1823 que nueve años atrás. La había iniciado la Regencia nombrada por el duque de Angulema en mayo de 1823, creando diversos organismos específicos (Superintendencia de Vigilancia Pública, Cuerpo de Voluntarios Realistas, Juntas de Purificación, Juntas Corregimentales en Cataluña, Partida Volante y Paisanos Armados en Vizcaya...) y dando cobertura a la violencia arbitraria desatada contra los liberales por los realistas. Como ha destacado Emilio La Parra, «la represión en el territorio controlado por la Regencia fue durísima e indiscriminada», hasta tal punto que el duque de Angulema se sintió obligado a intervenir promulgando en agosto la Ordenanza de Andújar, que establecía que las detenciones y los encarcelamientos de liberales necesitarían la autorización de los jefes militares franceses. Pero tuvo que dar marcha atrás ante el levantamiento antifrancés que provocó la Ordenanza, con lo que el «terror blanco», como lo han llamado Josep Fontana o Juan Francisco Fuentes, continuó.