La Constitución Política de la República de Chile de 1980 es el texto constitucional vigente en Chile. Fue aprobada el 8 de agosto de 1980, durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet, y ratificada en un plebiscito sin registros electorales el 11 de septiembre de ese mismo año.Promulgada el 21 de octubre de 1980, entró en vigor de manera transitoria el 11 de marzo de 1981 y plenamente el 11 de marzo de 1990. Desde entonces, ha sido modificada en múltiples ocasiones.
Hasta octubre de 2025, la Constitución había sido reformada 70 veces, incluyendo una ley interpretativa del año 1992, con un total de 257 artículos modificados. Fue reformada una vez en 1989, dos veces en 1991, una en 1994, una en 1996, tres veces en 1997, cuatro veces en 1999, dos veces en 2000, una en 2001, una en 2003, una en 2005, dos veces en 2007, una en 2008, cinco veces en 2009, una en 2010, tres veces en 2011, dos veces en 2012, una en 2013, dos veces en 2014, tres veces en 2015, dos veces en 2017, una en 2018, una en 2019, doce veces en 2020, seis veces en 2021, tres veces en 2022, seis veces en 2023, una vez en 2024 y una vez en 2025.
Su texto original contenía 120 artículos y 29 disposiciones transitorias. Tras la reforma de 2005, se fijó un texto refundido, coordinado y sistematizado mediante decreto supremo, el cual fue firmado por el presidente Ricardo Lagos y sus ministros de Estado, conteniendo 129 artículos y 20 disposiciones transitorias. A enero de 2026, posee 161 artículos y 54 disposiciones transitorias.
En abril de 2015, la presidenta Michelle Bachelet anunció que en septiembre del mismo año iniciaría un proceso constituyente para la redacción, discusión y eventual aprobación de un proyecto de nueva constitución, que pretendía reemplazar a la Constitución de 1980. Sin embargo, tras terminar su mandato reconoció, acerca de aquel proceso, que «no [lo] logramos concluir a cabalidad».
En noviembre de 2019, como consecuencia de las masivas manifestaciones ciudadanas, se anunció un acuerdo político para generar una eventual nueva Constitución; esto implicó un plebiscito de entrada, que se desarrolló el 25 de octubre de 2020. En dicha consulta, los ciudadanos aprobaron redactar una nueva carta magna que reemplazaría a este texto. A la vez se decidió su redacción mediante una Convención Constitucional, cerrando el proceso con un plebiscito ratificatorio en septiembre de 2022, en donde fue rechazado su reemplazo. Un nuevo proceso constituyente se inició en 2023, siendo también rechazado en un plebiscito en diciembre de ese año.
Historia Origen de la Constitución
miniaturadeimagen|Firmas de Augusto Pinochet y de los miembros de la Junta Militar en el texto original de la Constitución de 1980.
Luego del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, no solo fue suspendida la Constitución de 1925, sino que, además, se buscó crear una nueva institucionalidad completamente desde cero. Se designó una «Comisión de Estudios de la Nueva Constitución» (CENC), más conocida como Comisión Ortúzar, a la que se le confirió la labor de crear un anteproyecto de constitución. El Consejo de Estado discutió e introdujo algunas modificaciones al anteproyecto entre 1978 y 1980. Tuvieron aquí alguna participación el expresidente Jorge Alessandri, presidente del Consejo, y Enrique Ortúzar. Con posterioridad a la redacción afinada por dicho cuerpo consultivo, la Junta Militar también le introdujo algunos cambios.
El texto fue, en definitiva, sometido a consideración de la ciudadanía mediante el plebiscito nacional de 1980, en el que fue aprobado. Dicho plebiscito fue cuestionado por las irregularidades formales de su celebración (entre otros problemas, no existían registros electorales y la oposición se vio impedida de efectuar campaña). La Constitución entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, aunque hubo sectores de la ciudadanía que no reconocieron su validez.
Primeros Años
Entre 1981 y 1990, de acuerdo a las disposiciones transitorias fijadas por la misma Constitución, la Junta de Gobierno asumió las funciones legislativa y constituyente —esta última sujeta a aprobación plebiscitaria—. Augusto Pinochet asumió el cargo de presidente y, por ende, la función de gobierno y administración del Estado. Los tribunales de justicia continuaron ejerciendo sus funciones como venían haciendo desde el inicio de la dictadura militar.
Finalmente, a fines de los años 1980, un grupo de partidos políticos encabezados por la Democracia Cristiana aceptó participar en la transición establecida en la Constitución, reconociéndola como una realidad jurídica y operando dentro del marco institucional establecido por ella. En 1988, se puso en marcha el mecanismo previsto en la Constitución para la sucesión de Pinochet, mediante una consulta plebiscitaria. Con el plebiscito, la mayoría del país manifestó su rechazo a que Pinochet fuera presidente por otro periodo de ocho años, lo que gatilló la realización de elecciones para elegir a un nuevo Presidente de la República, junto con los miembros del Congreso Nacional, en 1989.
Previo a las elecciones parlamentarias de 1989, la Concertación de Partidos por la Democracia y los partidos de derecha consensuaron un paquete de 54 reformas a la constitución, que fue aprobada en el plebiscito del 30 de julio de 1989. Entre esto y la victoria de la Concertación en la elección presidencial, en el que Patricio Aylwin asumió como presidente de Chile en 1990, la Constitución fue reconocida por todos los sectores políticos y sociales de Chile, con la excepción del Partido Comunista de Chile y otros grupos de izquierda extra-parlamentarios, quienes desde entonces han clamado por su reemplazo total.
La Constitución en Democracia y Reforma de 2005 miniaturadeimagen|Firmas del Presidente Ricardo Lagos y sus ministros de Estado, en el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución de 1980, tras la reforma de 2005.
La legitimidad de la Constitución continuó siendo cuestionada. Han existido peticiones tanto de los representantes de la Concertación como de la izquierda extra-parlamentaria para realizar numerosas modificaciones, algunas de ellas promulgadas con éxito.
Durante los primeros años de los gobiernos de la Concertación, fue prácticamente imposible algún tipo de reforma sustancial debido a la oposición de los sectores de la Alianza por Chile, pero solo durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos se logró llegar a un consenso amplio para eliminar los últimos enclaves antidemocráticos de su texto original, proveniente de la dictadura militar.
Luego de varios años de discusión y de acuerdos entre ambos grupos políticos, el 14 de julio de 2005 se llegó a un acuerdo de reforma en el Senado. Posteriormente, luego de un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso, el presidente presentó inmediatamente un veto para poder modificar 27 artículos de las reformas, las que fueron rápidamente aprobadas por ambas cámaras del Congreso. El 16 de agosto de ese año, el Congreso Nacional de Chile en su conjunto, reunido como Congreso Pleno, la ratificó. El resultado de la votación fue de 150 votos a favor, 3 en contra (de los senadores designados Jorge Martínez Busch, Fernando Cordero y Julio Canessa), y una abstención (del senador Rodolfo Stange).
El 17 de septiembre de 2005, en una ceremonia especial, fue promulgado el Decreto Supremo por el cual se fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución, que incorporaba dichas reformas. Dicha ceremonia fue encabezada por el presidente Ricardo Lagos, cuya firma del texto constitucional pasó a reemplazar la de Augusto Pinochet.
Primer intento de sustitución
El 28 de abril de 2015, la presidenta Michelle Bachelet anunció que en septiembre del mismo año iniciaría un proceso constituyente para la redacción, discusión y eventual aprobación de un proyecto de nueva constitución, que podría reemplazar a la Constitución de 1980.
El 13 de octubre de 2015, mediante una cadena nacional, la presidenta Bachelet anunció las fases del proceso, que comenzaría con instancias de educación cívica y constitucional, seguido luego por diálogos ciudadanos, posteriormente, durante el segundo semestre de 2016, la entrega de unas bases ciudadanas para la nueva constitución y el envío de un proyecto de reforma constitucional para establecer un procedimiento de reemplazo constituyente, debiendo el Congreso Nacional elegir entre cuatro mecanismos alternativos. La propuesta de nueva constitución sería presentada durante el segundo semestre de 2017. Finalmente, la presidenta Bachelet presentó ante el Congreso Nacional, el 6 de marzo de 2018, es decir, a cinco días antes del término de su mandato, un proyecto de reforma constitucional para modificar la Constitución Política de la República.
Tras terminar su periodo presidencial, Bachelet reconoció que «no logramos concluir a cabalidad el proceso constituyente».
Segundo intento de sustitución
thumb|Firmas de los Presidentes de los partidos políticos en el acuerdo del mecanismo de sustitución de la Constitución de 1980.
El tema de la redacción de una nueva Constitución (y en particular, una escrita por una asamblea constituyente) apareció con fuerza durante el Estallido social, algunos incluso han identificado el rol subsidiario del Estado Chileno (Incluido en la Constitución de 1980) como una de las causas del Estallido Social y como un obstáculo para la implementación de políticas públicas más agresivas por parte de los gobiernos posteriores a la dictadura militar. Varios líderes sociales, analistas y políticos, incluyendo al presidente del Senado y al vocero de la Corte Suprema, mencionaron la necesidad de crear una nueva Constitución que permitiera canalizar las demandas sociales. Ante la presión, incluso de miembros del oficialismo, Piñera se abrió a la posibilidad de realizar reformas estructurales al texto constitucional, aunque sin entrar en detalles de la magnitud de dichos cambios ni del mecanismo para realizarlo.
Finalmente, el 15 de noviembre de 2019 se alcanzó un acuerdo político, suscrito por parlamentarios del oficialismo y representantes de partidos de oposición, para generar una nueva constitución, a base de reformular la actual constitución, que no contempla mecanismo de sustitución, para habilitar un proceso constituyente, vía Ley 21196 se reformó el capítulo XV, iniciando la creación de un nuevo texto, el cual se iniciaría con un plebiscito de entrada, a desarrollarse en abril de 2020 (posteriormente cambiado a octubre del mismo año), para resolver dos preguntas: «¿Quiere usted una nueva Constitución?» (Apruebo o Rechazo) y «¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?» (Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional).
La Convención Constitucional funcionó durante un año y tenía por único objeto redactar la nueva constitución. Una vez redactada la nueva constitución, esta fue sometida a un plebiscito ratificatorio,en el cual se rechazó su reemplazo.
Tercer intento de sustitución
Al día siguiente del plebiscito que rechazó la propuesta constitucional, el presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados con el objetivo de generar en el Congreso Nacional «un diálogo que permita establecer un camino institucional para avanzar en el proceso constituyente». El 6 de septiembre, el presidente Boric se reunió con los presidentes de los partidos políticos del oficialismo y la oposición para definir las acciones a seguir para continuar el proceso constituyente. Al día siguiente, se reunieron en el Senado a los presidentes de partidos políticos y los jefes de bancadas parlamentarias de éstos para iniciar las conversaciones sobre reformas constitucionales para dar continuidad al proceso, que esencialmente fue unificar y reducir los quórums de reforma constitucional a 4/7 y de las Leyes Orgánicas Constitucionales a mayoría absoluta.